Por Alfredo Guevara
La 66 legislatura del Congreso local, tiene cuentas públicas de ejercicios 2016, 2017 y 2018 sin pronunciarse, en las que se encuentran involucrados ex servidores públicos de varios municipios de la entidad, confirmó Francisco Noriega Orozco.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), admitió que el número de cuentas públicas pendientes es elevado, en algunos casos en proceso de solventación de observaciones, en otros por pronunciarse en el Congreso e incluso, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que datan desde el 2016 al ejercicio fiscal 2023.
De hecho, mostró confianza de que aquellos expedientes que se encuentran en manos de la Fiscalía, transiten con más celeridad y resuelvan judicializando en el corto plazo con la nueva administración, instancia en donde han estado detenidos por espacio de mucho tiempo, por quienes fueron sus titulares.
Y es que, de las 79 denuncias que estaban presentadas solamente una transitó antes de que llegara el nuevo titular de la Fiscalía.
Noriega Orozco explicó que, si bien hay cuentas públicas de ayuntamientos pendientes de pronunciarse en el Congreso local, en las que se ha estado trabajando con la solventación de observaciones, lo que apremia son los tiempos para la presentación del ejercicio fiscal 2023.
“Ya posteriormente nos estaremos enfocando en solventar las que están pendientes de los ejercicios fiscales 2021 y la 2022 que involucra a muchos ayuntamientos; de ahí en fuera, en base a los informes que están presentados por el Congreso y la Auditoría, hay expedientes de diferentes municipios que vienen desde el 2016, 17, y 18”, apuntó.
Dejó en claro que en las nuevas revisiones y observaciones que se han hecho contra quienes ocuparon cargos en las administraciones municipales, entre estos alcaldes y quienes tuvieron el manejo presupuestal o administrativo “no se va a proteger a nadie y tendrán que responder ante la autoridad de ser necesario”, sostuvo.
El titular de la Auditoría admitió que posiblemente los tiempos se han extendiendo, derivado de la fiscalización y la revisión exhaustiva que se ha hecho de cada uno de los informes presentados, en los que se sigue haciendo observaciones que tienen que solventar los presuntos involucrados para de esa forma turnarse al Congreso local o en su caso, la Fiscalía Anticorrupción.