Por Alfredo Guevara
Pese a limitaciones presupuestarias, la repatriación o deportación de migrantes, incluso, los que se encuentran en los albergues de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, ha sido ordenada y en todo momento se han respetado los derechos humanos de las personas regresadas por los puentes internacionales con Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), Taide Garza Guerra confirmó que visitadores de este organismo acuden a los albergues para comprobar que no se vulnere las garantías de quienes sean deportados o repatriados, sino que se les brinde protección, alimentación y lo que requieran durante su estancia.
Aseguró que hasta ahora la Comisión no ha recibido ninguna queja o denuncia de connacionales deportados por los puentes internacionales de Tamaulipas con los Estados Unidos y que por el contrario, la estrategia integral implementada por diferentes instancias de gobierno, han dado certeza y seguridad a los migrantes.
“Las visitadurías de Reynosa, la delegación de Matamoros y la de Nuevo Laredo no han reportado ninguna situación de este tipo, pero les hemos pedido a los visitadores que acudan periódicamente a los albergues a fin de estar al pendiente de que no se vulneren los derechos de los connacionales”, aseveró.
Recordó que la Comisión tiene la facultad de intervenir de oficio en torno a quejas y denuncias que llegaran a presentarse en contra de los connacionales, por iniciativa propia o bien, mediante quejas y denuncias que las hagan llegar, ante presuntos actos que vulneren su integridad.
En su visita por la frontera, constató que pese a las limitaciones presupuestarias, hay una atención digna por parte de organismos como el Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Protección Civil (PC), Instituto Nacional de Migración y otras, hacia los connacionales repatriados o deportados por autoridades migratorias de Estados Unidos.
A la fecha, estableció que no hay quejas o denuncias sobre presunta vulneración de los derechos humanos contra connacionales al momento de ser ingresados a los albergues instalados por las instancias de gobierno en los municipios de la zona norte.