Por Alfredo Guevara
Tras la omisión del Tribunal Burocrático por espacio de ocho meses, en los que no entregó la toma de nota, en base a una jurisprudencia publicada en diciembre de 2024, emitida por un Tribunal Colegiado, permitió la creación de facto del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Gobierno y Organismos Autónomos de Tamaulipas.
El secretario general de este este organismo Armando Trejo Moreno estableció que de acuerdo a la Ley, el gobierno del Estado dispone de un plazo de 15 días hábiles para la entrega de las prerrogativas, las facilidades, iniciativas y lo que corresponda, para que el Sindicato trabaje adecuadamente.
En una entrevista que concedió al interior de palacio de gobierno, estimó que la administración estatal podrá responder en cuanto vean la documentación que se presentó este cinco de febrero, a las 15:00 horas, que es cuando venció la última oportunidad que tenía el Tribunal Burocrático para la entrega de la toma de nota al sindicato.
“A raíz de que hubo omisión de parte de la autoridad administrativa que es el tribunal burocrático por espacio de ocho meses, decidimos irnos por la cuestión legal y en diciembre pasado se publicó una jurisprudencia, es decir, un litigio que sube a rango de ley, que de facto nos valida la creación del Sindicato”, explicó.
La jurisprudencia emitida por un Tribunal Colegiado va relacionado con lo que se hizo por la vía legal, es decir, cuando la autoridad administrativa, es decir el Tribunal Burocrático es omisa en dar el fallo, en este caso la toma de nota.
Añadió que la ley establece que cuando la autoridad es omisa, en este caso el Tribunal Burocrático, al tardar ocho meses en hacer la entrega de la toma de nota, vencido el plazo, de facto se permite la creación del Sindicato, expresó.
“El fallo es a favor y ya en este momento estamos acudiendo al ejecutivo estatal, en este caso a las oficinas del señor gobernador Américo Villarreal para solicitar las prerrogativas correspondientes para que nuestros sindicatos sigan funcionando”, sostuvo.
Confió en que no se llegue a los 15 días que dispone el Estado, toda vez que si bien, en ocho meses estuvo la decisión en el Tribunal Burocrático, ahora está en manos del gobernador Villarreal Anaya.