Por Alfredo Guevara
En el contexto del marco jurídico que se necesita para la organización del proceso electoral de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado (PJE), aún hay definiciones pendientes, entre estas las reformas a la ley electoral y otras que debe tomar el Instituto Nacional Electoral (INE).
Y es que ese conjunto de definiciones pendientes, van a terminar de definir el andamiaje, es decir la estructuración del proceso y por ende, podrían generar que se reformulen estimaciones presupuestales, consideró Juan José Ramos Charre presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
La planeación y estimación de los recursos para esa elección, es un ejercicio responsable, documentado, que se puede consultar en alrededor de 400 hojas, con una planeación a detalle de la ley electoral, insumo por insumo, artículo por artículo “y la sumatoria nos da 611 millones de pesos”, aseveró.
“Sabemos y estamos conscientes de que el panorama económico mundial, el panorama económico nacional y el propio estatal luce complejo, que seguramente nuestros legisladores habrán de tomar decisiones de estimaciones presupuestales a la baja y en su oportunidad en cuanto el Congreso del Estado emita el decreto correspondiente”, expuso Ramos Charre.
De antemano, adelantó que el Instituto trabajara en un momento dado en una adecuación, considerando posibles ampliaciones presupuestales “como ha sido siempre, con la sensibilidad del gobierno al Estado para poder atender esta nueva función que le corresponde al Ietam y dar muy buenas cuentas a la ciudadanía tamaulipeca”, indicó.
Recordó el presidente de este Instituto que la organización de un proceso en el que se elegirán 147 cargos de jueces y magistrados, con un potencial de 900 candidatas y candidatos, el domingo uno de junio de 2025, enfrentará tres grandes desafíos; el primero, el tiempo; el segundo, la complejidad logística y, por supuesto, el tema presupuestal.