Por Alfredo Guevara
El Aunque para este año no habría afectación alguna, la disponibilidad de agua para uso público urbano y riego en los distritos de riego de los municipios del norte de Tamaulipas se vería afectada al entrar en vigor la minuta 331, firmada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Y es que, con ese acuerdo, se compromete un alto porcentaje del agua del río bravo para ser entregada a los Estados Unidos, de ahí que el gobierno de Tamaulipas, haya externado su desacuerdo de manera formal ante la federación, toda vez que la minuta 331 representa una violación al tratado de 1944, estableció Raúl Quiroga Álvarez.
El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en la administración estatal dijo que, si bien para este año no se prevé problema, al haber una disponibilidad en las presas de la frontera superior a los 370 millones de metros cúbicos, de los que más de 300 se destinan para demanda ciudadana, el impacto vendría a partir del 2025.
“Recientemente la CILA firmó el acta 331, que cedió volúmenes para comprometer a Estados Unidos, en el que el gobierno de Tamaulipas está absolutamente en desacuerdo, toda vez que el riesgo es que se está comprometiendo de una cuenca que está sobre concesionada y sobreexplotada, volúmenes de los que no dispone México y al único que le pega es a Tamaulipas y no a otro estado de los que forman parte de la cuenca”, indicó.
Reveló que el gobernador Américo Villarreal Anaya puso sobre la mesa, un escrito formal del desacuerdo ante la presidenta de México Claudia Sheinbaum, al considerar que con la aprobación del acta 331, se violenta el acuerdo suscrito con los Estados Unidos firmado en 1994.
Como se recordará, el acuerdo se firmó el pasado siete de noviembre por autoridades de México y representantes de CILA, del que productores de la zona norte de Tamaulipas expresaron su inconformidad, porque al comprometer el agua del río Bravo, se ponen en riesgo el recurso para los usuarios de diez municipios de la frontera y el riego de cultivos en los distritos de esa región.
Quiroga Álvarez consideró que aún hay tiempo para que intervenga el Gobierno de la República a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para analizar la posibilidad de que no entre en vigor la minuta 331.