Por Alfredo Guevara
La titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado Tania Gisela Contreras López, pidió al Tribunal de Justicia Administrativa resolver los asuntos apegados a la legalidad, toda vez que hasta ahora hay demora y tardanza en su actuación.
Recordó que hay conductas que no pueden ser simplemente ignoradas, cometidas por ex servidores públicos, en las que hubo un agravio a la sociedad, en las que el Tribunal de Justicia tiene la responsabilidad, hoy más que nunca, de apegarse a los principios que protestaron guardar.
Estableció que hasta ahora, solamente la Contraloría del Gobierno ha estado resolviendo denuncias que se han interpuesto en contra de quienes formaron parte de la administración estatal, no así por el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Hay una demora, una demora, los tiempos lo dicen, hay una tardanza en la impartición de justicia, es una de las razones por las que la ciudadanía ha exigido una nueva reforma al sistema judicial”, estableció.
Contreras López añadió que de los casos que ha resuelto la Contraloría, solamente ha dictado la inhabilitación de dos personas que en su momento formaron parte de la anterior administración estatal, los que se encuentran en funciones de diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).
Pese a lo anterior, consideró que de una u otra forma representa un avance en el compromiso y la instrucción girada por el Gobernador Américo Villarreal Anaya en el combate a la impunidad, “porque si bien tienen derecho a interponer recursos que consideren necesarios, hay conductas que se dieron a conocer y deben responder por sus actos”, sostuvo.
Por ello, ante la emisión de la convocatoria para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), el Congreso local a través de los legisladores deben hacer un análisis del perfil idóneo de quien ocupe ese cargo “como siempre debió haber sido”.
La titular de la Consejería Jurídica confirmó que quien asuma la Fiscalía Anticorrupción, está obligado a realizar una revisión del actuar del titular Raúl Ramírez Castañeda y una auditoria a los expedientes que por diversas circunstancias no se han judicializado pese a tener años de interponerse ante esa instancia.