Por Alfredo Guevara
La Contraloría del Estado interpuso un recurso de reclamación, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa otorgara una suspensión de amparo, para que Gerardo Peña Flores rindiera protesta como diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).
La titular de la dependencia Norma Angelica Pedraza Melo consideró importante esperar cada una de las etapas de lo que implica el proceso, cuidando siempre los principios de presunción de inocencia, el debido proceso y la legalidad.
De hecho, consideró normal que el legislador por el PAN recurriera a solicitar algún recurso legal, producto de la inhabilitación por un año que le impuso la Contraloría del Estado, derivado de la entrega irregular de Fiat y notarías, cuando fungió como secretario general de Gobierno en la anterior administración estatal.
“Nosotros somos muy cuidadosos como instancias investigadoras, sustanciadoras y resolutoras en seguir, cuidar los principios de presunción de inocencia, del debido proceso, legalidad, y esperamos normalmente que cuando aplica una sanción la Contraloría, el denunciado o presunto responsable va acudir a los recursos e instancias para tratar de defenderse y nulificar la sanción”, expuso Pedraza Melo.
Sin embargo, tras la suspensión de amparo que le otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa a Gerardo Peña Flores, a la inhabilitación por un año, dejó en claro que la Contraloría también hará lo correspondiente de acuerdo a la ley.
El ex secretario general de gobierno, Gerardo Peña Flores, en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, rindió protesta con carácter provisional, como diputado local del PAN e integrante de la 66 legislatura del Congreso local el pasado dos de octubre.
Lo anterior, luego de que el pasado 30 de septiembre, al igual que Ismael García Cabeza de Vaca no se presentaran a rendir protesta como diputados locales, e integrantes de la 6 legislatura del Congreso local.
Sin embargo, con la suspensión otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa, Peña Flores pudo rendir protesta con carácter provisional, en espera de que se resuelva por instancias correspondientes la inhabilitación por un año, impuesta por la Contraloría del Estado.