Por Alfredo Guevara
El avance de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para la judicialización de casi cien carpetas de presuntos actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por servidores públicos de la anterior administración estatal es nulo.
Por ello, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Congreso local Humberto Prieto Herrera exhortó a la Fiscalía a darle celeridad al trabajo de investigación, toda vez que, de las casi cien carpetas, solamente en tres o cuatro se han vinculado a proceso a los presuntos responsables.
Expuso que se trata de carpetas en contra de funcionarios de la anterior administración estatal (2016-2022), con posibles delitos de corrupción que hasta ahora la Fiscalía no ha podido dictaminar para que, en caso de que resulte alguno de ellos culpable, se ejerza la sanción que establece la ley.
“No ha habido avances de nada, hay cuatro o cinco trámites de esas cien carpetas, en las que algunos ex funcionarios están vinculados a proceso, pero la gran mayoría de las denuncias no presentan mayor avance pese al tiempo en que se turnaron a la Fiscalía”, sostuvo.
Prieto Herrera exhortó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a “no patear el bote en algo tan importante en lo que sucedió en la pasada administración estatal, desde el 2016, en el que conforme se revisa se encuentran presuntas irregularidades”.
Insistió en que además del manejo que se le dio por ex servidores públicos en las diferentes dependencias de la anterior administración estatal, la revisión debe abarcar a los organismos municipales de agua potable y alcantarillado.
Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la Comapa de la zona sur del Estado, en donde la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Contraloría detectaron presuntas irregularidades en el manejo administrativo del organismo operador.
Declaró que el número escaso de carpetas en proceso de judicialización por parte de la Fiscalía Anticorrupción “es nada” hasta ahora, comparativamente con las casi cien carpetas o denuncias que se presentaron por dependencias de la nueva administración estatal.